El Fin de la Pena (parte III)

La Rebelión Policial del 98.

Ese domingo 18 de octubre a la noche Héctor “Tito” Castillo, de 36 años y padre de tres niños, quien llevaba nueve años de policía, se encontraba realizando un control de rutina en una esquina del Barrio Trapiche de Godoy Cruz. No tenía chaleco antibalas. Cuenta la crónica que a las 22:15 divisó un Ford Fiesta azul metalizado que tenía pedido de captura por haber sido robado esa mañana en Palmira.
Fue cuando se acercó a la ventanilla para verificar la documentación que Francisco Bulacio, sin mediar palabra le asestó una mortal puñalada por la espalda que perforó su pulmón izquierdo y el corazón. Falleció camino al hospital.
Demasiados policías morían en corto tiempo; el profundo dolor que produjo este cruento asesinato se fue transformando en rabia a medida que transcurrían las horas.
Durante el recorrido que el cortejo fúnebre realizó desde la Jefatura de Policía hasta el cementerio metropolitano recibió el fervoroso apoyo de la sociedad, que con aplausos manifestaba el dolor y la impotencia por la pérdida de otro inocente en un año signado por una creciente sensación de inseguridad (le suena??).
Las circunstancias del hecho pusieron de manifiesto las duras condiciones de trabajo de las fuerzas del orden:
1 uniforme cada dos años, obligados a comprar sus propias municiones a causa de la burocracia estatal, salarios de $400 y una deficiente distribución horaria en las jornadas laborales.
Todo indicaba que era una tarde oportuna para rebelarse; la tarde del lunes 19 de octubre. El ataúd de Héctor Castillo llegó al Cementerio de la Capital; una hora y cuarto después de haber iniciado su recorrido, en un ambiente de excitación.
Durante las exequias muchos compañeros de Héctor “Tito”[1] Castillo hicieron “catarsis completa con crisis de nervios” mientras que otros entraron en un cuadro combinado de “ansiedad, angustia y depresión” frente a “la impotencia y la bronca” que les provocaba esta muerte tan injusta, tan innecesaria, tan evitable. La suerte ya estaba echada.
El sepelio nunca terminó, del Cementerio se convocaron en la Legislatura y al anochecer le entregaban al Ministro de Gobierno un petitorio de 13 puntos en el que se combinaban reclamos sectoriales con la implementación de una determinada forma de administrar el servicio de seguridad.
Frente a la urgencia de un petitorio que justificase una actitud de desobediencia total, los uniformados realizaron un extenso listado que incluía propuestas de quienes se encontraban frente a la Legislatura, muchas de las cuales tenían desarrollo previo. Sobre todo aquellas que se referían a los aspectos operativos de la fuerza.
El espíritu estaba alto, todos sostenían la firme promesa de no entregar las armas y permanecer frente a las puertas de la Legislatura Provincial hasta que la totalidad de los requerimientos fueran satisfechos. Algo nunca visto.
El petitorio entregado reclamaba una reforma al Código Procesal Penal (apuntando a disminuir la edad de inimputabilidad y endurecer las condiciones de excarcelación), reformas a la Ley de personal policial, mejor equipamiento, aumento salarial, jornadas laborales de 8 por 24 hs. y la supresión de parte de tareas asignadas, como custodia de bancos. La eliminación de paradas, de las custodias personales y la incorporación de 500 efectivos más. A estos requerimientos se sumaban otros como la conservación del estado policial durante los procesamientos penales y una inversión de $6 millones en equipamiento.
Bien entrada la madrugada del martes 20, un desvelado Ministro de Gobierno se comprometía, en la puerta del Palacio de las Leyes, a acelerar la reforma del Código Procesal Penal y la Ley 4747 (de personal policial) y un desembolso de 1,5 millones de pesos (dólares) para financiar un aumento del sueldo del personal subalterno.
A pesar de la creciente demanda social de seguridad el Gobierno se mostraba dispuesto a legitimar gran parte de los reclamos policiales; incluso ofrecía poner en estudio, junto al personal y la cúpula policial, una reducción del horario de trabajo, modificaciones en la estructura institucional, eliminar las custodias a políticos, cancelar la deuda pública por servicios extraordinarios y un plan de viviendas para el personal. La oferta era realmente buena, pero la historia recién comenzaba...
¡No le creemos!, resumió a uno de los 200 rebeldes que habían llegado marchando esposados entre sí esa tarde a la Legislatura, para explicar la reacción de los manifestantes que, al término de la alocución del Ministro, le dieron la espalda al grito de “la poli no se va, la poli no se va, no se va, la poli no se va”. Los policías insurrectos se sentían respaldados por los taxistas, que trasladaron desde las comisarías a muchos agentes, y por los penitenciarios, que habían convocado al personal de franco con el objeto de iniciar un acuartelamiento.
El apoyo promovió el redoble de la apuesta exigiendo un decreto firmado y la presencia en la Legislatura del propio Gobernador Dr. Arturo Lafalla.
El Gobierno buscó frenar a los sublevados con un decreto que contenía una especie de perdón administrativo a los efectivos procesados por la Justicia, un pago adicional para los policías expuestos a mayores riesgos, un acercamiento gradual a un régimen laboral de 8 hs. de trabajo por 24 de descanso y suficiente cantidad de chalecos antibalas. Sin embargo, el decreto firmado por el gobernador no alcanzó y fue rechazado al ser considerado incompleto por los rebeldes.
Con el tiempo que llevaba la rebelión, y frente a la férrea posición asumida por los casi 500 policías insubordinados y con las comisarías desiertas, el Gobierno acudió al auxilio de la Gendarmería Nacional, que en un total de 600 hombres con equipos y movilidad llegaron a la provincia para garantizar la seguridad de bancos y escuelas.
El miércoles 21 de octubre fue un día de verdadero caos, con saqueos que acarrearon una incontenible sensación de inseguridad.
Esa misma noche comenzaron a correr rumores acerca de una posible toma de la Legislatura y que el conflicto estallaría también en la Penitenciaría. En ese contexto y después de haber rechazado en 4 oportunidades una propuesta de recomposición salarial del 20% y el compromiso de no sancionar a los efectivos que se habían sumado a la rebelión...
El Gobierno cambió de actitud y los intimó a deponer su actitud antes de las 8:00hs del Jueves, so pena de exoneración y ser llevados a la Justicia por una cantidad de delitos tan larga que no vale la pena enumerar.
Finalmente, lo que empezó como una gesta de dolor por la muerte del agente Castillo, se fue apocando. El tiempo y el cansancio de hicieron sentir y la rebelión se fue reduciendo a un reclamo salarial. Atrás quedaron los reclamos por mejor equipamiento y condiciones laborales.
En esos días se discutía también dónde podría ubicarse la futura Penitenciaría; nadie la quería en su municipio; ésa era la discusión.
Los agentes regresaban a sus puestos y antes del mediodía todo volvía a la normalidad. Los policías retomaron su trabajo con sabor mitad amargo por no haber podido obtener beneficios sectoriales y mitad a gesta porque se habían hecho escuchar como nunca nadie lo hizo antes en la historia provincial reciente.

[1] Apodo con el que era conocido el Agente Héctor Castillo.